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¿El Plan Colombia para México?(Parte 1)
Desde el pasado miércoles 8 de agosto, viene subiendo de intensidad la atención que los medios y la sociedad le están otorgando al tema de un presunto acuerdo entre los gobiernos de Bush y de Calderón para que el primero apoye al segundo en la lucha contra el narcotráfico.
Todo empezó con una nota de ese día del diario norteamericano The Washington Post en la que se reveló que el gobierno norteamericano se encuentra muy próximo a cerrar un trato multianual con nuestro gobierno federal para fortalecer la guerra mexicana contra los barones de la droga. Los reporteros del Post, Roig-Franzia y Forero, que citan como sus fuentes a legisladores estadunidenses y autoridades mexicanas, informaron que el inminente convenio sería el más grande esfuerzo en esta materia desde el infausto Plan Colombia, firmado con ese país en el año 2000 y que ha significado 5 mil millones de dólares en gasto norteamericano en ese país.
Según el reportaje, los negociadores de ambos países han avanzado en un plan que incluiría desde equipo de intervención telefónica, pasando por equipo de rastreo de vuelos ilegales, aeronaves para transporte acelerado de grupos policiacos a centros de cultivo y/o distribución de drogas y hasta procesos de capacitación diversa.
La administración Bush, sin embargo, no las trae todas consigo y está empezando a tener problemas en su Congreso. El Senador Leahy, demócrata por Vermont, se quejó diciendo que el Presidente norteamericano sigue viendo al Legislativo como su “cajero automático personal” y se preguntó “¿a quién estará asistiendo el Congreso, en qué términos y condiciones y cómo sabría el Congreso si el apoyo no irá a la misma gente que está involucrada en actividades criminales?”. El Diputado Silvestre Reyes, demócrata por Texas, comentó para el Washington Post que “estamos viendo un Congreso mexicano más involucrado, con voluntad para ser socio de los Estados Unidos por primera vez en esta materia e inclusive están haciendo las preguntas adecuadas sobre las políticas presidenciales y las implicaciones profundas de trabajar tan de cerca con Washington. Hemos sido vecinos y socios históricos, pero este acuerdo llevará la relación bilateral a un nuevo nivel”.
Por su parte, el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Thomas Shannon, prefirió no comentar sobre los detalles del convenio a los reporteros del Post, pero informó que el presidente Bush se ha reunido recientemente con los presidentes mexicano y de los países de Centroamérica para discutir las maneras de trabajar coordinadamente para enfrentar a los cárteles de la droga. “Las tres partes (EU, México y Centroamérica) tenemos que encontrar el modo de armonizar nuestras estrategias particulares para articular una sola estrategia regional para encarar el problema”, dijo Shannon.
En México, según los reporteros, la Presidencia tampoco la tiene fácil y al saberlo está preparando una estrategia especial de medios para comunicar el acuerdo pero no como un paquete de ayuda sino como el triunfo azteca por la aceptación norteamericana de la dimensión de su contribución al problema del consumo; es decir, que mientras los estadunidenses no tomen medidas serias respecto del asunto de la demanda, la oferta seguirá creciendo. Para sustentar su dicho, citan las declaraciones de Felipe Calderón al inicio de su mandato que demandaban del gobierno de Washington mayor apoyo sí, pero solicitando también mayor compromiso de Bush en la lucha interna contra las bandas norteamericanas de distribución de estupefacientes. El asunto de la capacitación estadunidense a las fuerzas mexicanas de seguridad pública y de procuración de justicia, e inclusive a los poderes judiciales federal y estatales, les causa cierta incomodidad a los negociadores de Calderón, quienes por razones históricas obvias, se resisten a permitirla en territorio nacional en la escala y niveles que el acuerdo supone, aunque se ha impartido de manera discreta y en pequeños grupos desde hace años.
Adicionalmente, en ambos lados de la mesa se hacen esfuerzos denodados para aclarar que el “Plan México” no está armado con el “Plan Colombia” como modelo, lo que nos orilla por falta de información, a intuir exactamente lo contrario y a formular el alegato principal de éste y el siguiente artículo: ¿Qué es el Plan Colombia?
Veamos: En 1998, una semana después de la primera ronda de las elecciones presidenciales colombianas, el presidente electo Andrés Pastrana declaró a los medios: “… los países desarrollados deberían ayudarnos a implementar una especie de Plan Marshall para Colombia, el cual nos permitiría desarrollar grandes inversiones en el campo social, con el fin de ofrecer a nuestros campesinos alternativas diferentes a los cultivos ilícitos”. Conviene resaltar que en su versión original el Plan Colombia no hacía mención al combate al narcotráfico por medio de un incremento en la ayuda militar, sino que enfatizaba la erradicación manual de los cultivos como una alternativa mejor; sin embargo, Washington tenía otra idea. El presidente Clinton afirmó que el plan trataba de incrementar “… la ayuda para los proyectos antinarcóticos, desarrollo sustentable, la protección de los derechos humanos, ayuda humanitaria, estímulo a la inversión privada y unión con otras donantes e instituciones financieras internacionales para promover el crecimiento económico de Colombia”.
En un afán adicional de mejorar las deterioradas relaciones diplomáticas con Washington, producto de los yerros del presidente Samper entre 1994 y 1998, Pastrana permitió entre otras cosas, que la primera versión oficial se escribiera en inglés y no en español. Ahora bien, los académicos colombianos informan que originalmente el énfasis del texto estaba en lograr la paz y acabar la violencia, pero manteniendo las conversaciones de paz con la guerrilla de las FARC, siguiendo el principio de que los rebeldes también eran colombianos y que la violencia del país tenía raíces profundas en la exclusión, la desigualdad y la pobreza; en la versión final, el propósito del Plan había mutado a combatir el narcotráfico y fortalecer las fuerzas militares.
El plan original tenía un presupuesto de 7.5 mil millones de dólares de los que un 51% se dedicaría al “desarrollo institucional y social”, un 32% para combatir el narcotráfico, un 16% para revitalización social y económica y un 0.8% para apoyar la negociación con la guerrilla. La administración Clinton en Estados Unidos apoyó la iniciativa asistiendo con mil trescientos millones de dólares y 500 miembros de personal militar para entrenamiento de las fuerzas locales. Además 300 civiles fueron enviados para apoyar las actividades de eliminación de los cultivos de coca. Esta ayuda fue una ayuda adicional a los 330 mil millones de dólares de ayuda militar previamente entregados a Colombia. En el año 2000 se destinaron al plan 818 mil millones y 256 mil millones en el 2001. Estas cifras convirtieron a Colombia en el tercer mayor receptor de ayuda de los Estados Unidos, puesto que perdió con las invasiones y ocupaciones de Afganistán e Irak.
Aunque Colombia ha buscado apoyo adicional de la Unión Europea y otros países, con la intención de financiar el componente social del plan original, ha encontrado poca cooperación de los donantes potenciales debido a que éstos tienen poca intención de invertir dinero en iniciativas que ellos consideran como inciertas, y además consideran que la ayuda militar norteamericana es clara e indebidamente sesgada. Algunas naciones han enviado ayudas de unos cientos de millones de dólares pero la mayoría evitan ser públicamente asociados con el Plan Colombia.
¿De qué nos sirve saber todo esto a los mexicanos? ¿Qué dicen los organismos internacionales sobre el Plan? ¿Qué dice el texto del Plan Colombia? A esas tres interrogantes y a sus consecuencias dedicaremos la colaboración de mañana domingo. Allá nos leemos.
PARTE 2.
Ante los detractores del Plan Colombia, Washington se justifica diciendo que el pacto es parte de la guerra global contra las drogas pero los opositores alegan que el fin último del convenio es la lucha contra la guerrilla y denuncian el peligro de que los campesinos e indígenas podrían ser considerados como blancos por sus reclamos sociales.
En junio del 2000, Amnistía Internacional (AI) criticó la implementación del Plan Colombia señalando que “se basa en un análisis que encuentra el origen del conflicto en la droga e ignora completamente tanto las responsa-
bilidades históricas del propio Estado colombiano como las raíces profundas que se encuentran en la crisis de derechos humanos. AI dice que el plan propone básicamente una estrategia militar para atacar los cultivos ilícitos y el tráfico de drogas por medio de una sustanciosa asistencia militar a las fuerzas armadas y a la policía”. Por su lado, la ONU reportó en 2003 que “elementos de las fuerzas de seguridad, que han resultado fortalecidos… siguen ligados cercanamente con grupos parami-
litares, con frecuencia apoyando la organización o directamente participando en masacres o abusos o deliberadamente omitiendo actuar para prevenirlas”.
Dicho de otra manera, el Plan Colombia no tiene muchos simpatizantes en el mundo ni en el propio país de García Márquez. Esas lecciones deben servirnos acá para insertarnos mejor preparados en la vigilancia de la negociación del inminente (si el Washington Post acierta) “Plan México”. Para estos efectos comento algunos pasajes del cuerpo del convenio, que deben servirnos de guía a la hora de evaluar la posición de nuestros
gobernantes frente a sus pares norteamericanos.
Del proemio destaca que Colombia enfrenta el reto de recuperar el monopolio de la aplicación de la justicia y la integridad territorial. Que las debilidades del Estado han sido agravadas por el narcotráfico. Que recientemente, la relación financiera entre los grupos armados y los narcotraficantes ha logrado intensificar el conflicto, y ha limitado la capacidad de Colombia para cumplir con sus responsabilidades más importantes. Que la recuperación exige avances en la institucio-
nalización y en el fortalecimiento del Estado con el fin de garantizar la seguridad y el respeto por los derechos y libertades.
Del capítulo principal sobresalen las diez estrategias del Plan. Aquí está un resumen de cada una: 1.- Económica que genere empleo, que fortalezca la capacidad del Estado para recaudar impuestos, y que ofrezca una fuerza económica viable para contrarrestar el narcotráfico. 2.- Fiscal y financiera que adopte medidas severas de austeridad y ajustes con el fin de fomentar la actividad económica. 3.- De paz que se apunte a unos acuerdos de paz negociados con la guerrilla con base en la integridad territorial y la lucha contra el narcotráfico. 4.- Reestructurar y modernizar las fuerzas armadas y la policía, para que recuperen el estado de derecho y proporcionen seguridad en todo el territorio nacional, en contra del delito organizado y los grupos armados.
5.- Judicial y de derechos humanos, con el fin de reafirmar el estado de derecho y para asegurar una justicia igualitaria e imparcial para todos. 6.- Antinarcóticos, en coordinación con los demás países involucrados en algunos o todos los eslabones de la cadena y en el tráfico de armas, para combatir todos los componentes del ciclo y para impedir el flujo de los productos de dicho tráfico que alimenta la violencia hacia la guerrilla y otras organizaciones armadas. 7.- De desarrollo alternativo, que fomente actividades económicas rentables para los campesinos y sus familias.
8.- De participación social que apunte a una concienciación colectiva para desarrollar el compromiso de la comunidad en los esfuerzos anticorrupción y una presión constante. 9.- De desarrollo humano que garantice servicios de salud y de educación adecuados para todos los grupos vulnerables de nuestra sociedad. 10.- De
orientación internacional que confirme los principios de corresponsabilidad, acción integrada y tratamiento equilibrado para el problema de la droga; el costo de dicha acción debe recaer sobre los países involucrados habida cuenta de su capacidad económica individual. El papel de la comunidad internacional también es vital para el éxito del proceso de paz, de acuerdo con los términos del derecho internacional y con el consentimiento del gobierno colombiano.
Me parece que mucho de este tipo de fraseo empieza a leerse y escucharse entre los mandos superiores de la seguridad pública y la procuración de justicia federales mexicanas cuando comparecen ante los medios o ante las comisiones del Congreso. No me gusta la idea. El Plan Colombia no cumplió los propósitos para los que fue convenido y ha generado o cuando menos facilitado la injerencia de Washington en asuntos exclusivos de la seguridad nacional colombiana. Deberíamos verlo así: el trasiego de estupefacientes tiene efectivamente dimensiones regionales, pero la cooperación entre Estados deberá ser no sólo equilibrada sino respetuosa de las soberanías e integridades nacionales. En esto no vale aquello de que “el que paga manda” y tengo la ominosa sensación que el gobierno
federal no recuerda ese adagio o no lo cree. Nosotros sí y por ello no podemos quedarnos callados. (Sergio J. González Muñoz/Crónica)
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José Luis Castillejos Ambrocio
si tiene alguna informacion sobre el calentamiento global no tarden en mandarme la informacion porfavor se los pido. mi correo es lupita_28qm@hotmail.com